
Paloma Robles Lacayo, exdirectora del museo de las momias de Guanajuato, ha presentado una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) debido a la exhibición itinerante de las momias en contextos de diversión y entretenimiento. Robles Lacayo considera que esta forma de presentación viola la dignidad de los fallecidos y resalta que la dignidad es el pilar fundamental de los derechos humanos.
La activista respalda la postura de Carlos Lara, experto en legislación cultural, quien señala que los convenios, pactos, declaraciones, leyes y reglamentos, tanto nacionales como internacionales, de los cuales México es signatario, se están incumpliendo al no respetar los derechos post mórtem de las personas momificadas.
La CNDH ha derivado la queja a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG), la cual ha solicitado un informe a la autoridad municipal. Sin embargo, Robles Lacayo denuncia que la autoridad municipal ha respondido con argumentos falsos, incluso negando la existencia de las exposiciones itinerantes, a pesar de que han ocurrido en varias ocasiones.
Las momias han sido declaradas por el Alcalde de Guanajuato como «embajadoras del turismo guanajuatense» y han sido exhibidas en 10 exposiciones itinerantes, la más reciente en el 47 Tianguis Turístico 2023, en la Ciudad de México. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha cuestionado esta exhibición debido al riesgo sanitario que implica su traslado y exhibición sin protocolos establecidos en colaboración con el INAH.
Robles Lacayo ha presentado su posición ante la PRODHEG y espera que emita una recomendación al municipio de Guanajuato para que se reconozca que las exhibiciones itinerantes en contextos de diversión y espectáculo violan la dignidad humana.
Además, Robles Lacayo presentó una denuncia ante la Secretaría de Salud del Gobierno federal el 24 de abril pasado, argumentando que el traslado y exhibición de las personas momificadas en estos contextos contravienen la legislación sanitaria en materia de cadáveres. Sin embargo, ha habido demoras y falta de respuesta por parte de las autoridades estatales y locales, lo que genera preocupación sobre la inacción y posibles complicidades.
Las denuncias realizadas por Robles Lacayo en 2022 y 2023 se suman a las presentadas en 2020 por supuestas violaciones a legislaciones y ordenamientos, como la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, el Reglamento de la Ley General de Salud y el Código Penal del Estado de Guanajuato.
Fuente: Agencia Reforma. Vía: Plano Informativo.