Morelia, Michoacán., 13 de agosto de 2025 — En un esfuerzo por garantizar la legalidad y proteger los derechos humanos, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, encabezada por Carlos Torres Piña, emitió una circular de carácter obligatorio que prohíbe la instalación de retenes o puntos de revisión por parte de su personal en todo el territorio estatal. Esta medida entró en vigor a partir del 8 de agosto de 2025 .
La disposición establece que los retenes sólo podrán instalarse en el marco de operativos conjuntos y coordinados con autoridades federales, tales como la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina o la Secretaría de la Defensa Nacional, bajo un esquema interinstitucional .
Alcance y excepciones de la medida
Carlos Torres Piña indicó que la participación de la Fiscalía quedará limitada a controles provisionales de carácter preventivo, siempre en colaboración con otras corporaciones. No se restringe la capacidad del personal ministerial, policial o pericial para investigar delitos, actuar ante sospechas fundadas, efectuar detenciones en casos de flagrancia o urgentes, así como prevenir ilícitos o rescatar víctimas, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales .
Justificación y marco legal
La nueva instrucción se fundamenta en las facultades conferidas por la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Su propósito es reforzar el respeto irrestricto a la legalidad, proteger los derechos humanos y aplicar una perspectiva de género en todas las actuaciones institucionales .
Mecanismos de denuncia y supervisión
La circular detalla que cualquier incumplimiento deberá ser reportado ante la Contraloría Interna de la Fiscalía. Las denuncias pueden presentarse vía telefónica, por escrito al correo electrónico correspondiente o a través de la plataforma digital oficial . El contacto para denuncias incluye el teléfono 443 161 2539 y la dirección electrónica contraloria@fiscaliamichoacan.gob.mx, según el comunicado de la FGE.
Esta decisión marca un paso firme hacia una actuación institucional más transparente y regulada, con enfoque en los derechos humanos y la legalidad. Su enfoque en la coordinación interinstitucional facilita la colaboración efectiva entre niveles de gobierno, al tiempo que salvaguarda las facultades legales de la Fiscalía en situaciones excepcionales.