Las y los trabajadores contarán ahora con mayores herramientas legales para denunciar y sancionar a servidores públicos que cometan abusos, sin que los cargos de elección popular o puestos de confianza representen un blindaje frente a la ley, informó el diputado federal José Luis Cruz Lucatero.
Como parte del trabajo legislativo en la Cámara de Diputados, el legislador de Morena explicó que se aprobaron reformas de alto impacto social, entre ellas modificaciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mediante las cuales se definen el acoso sexual y el hostigamiento como faltas administrativas graves. Con ello, se fortalece el marco legal para castigar con mayor firmeza a quienes abusen de su posición dentro del servicio público.
“Ninguna autoridad debe estar por encima de la ley. Estas reformas brindan mayor certeza jurídica a las víctimas y avanzan en la construcción de instituciones más justas y libres de abuso de poder”, señaló el ex presidente municipal de Apatzingán.
Durante la jornada legislativa también se aprobaron reformas en materia de desarrollo forestal, que fortalecen la coordinación entre la Comisión Nacional Forestal, las autoridades de los tres órdenes de gobierno y el Sistema Nacional de Protección Civil, a fin de garantizar que las entidades federativas cuenten con medios aéreos equipados para atender, combatir y controlar oportunamente los incendios forestales.
Asimismo, se armonizó la Ley General de Cambio Climático con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, incorporando con mayor claridad el enfoque de movilidad sustentable como herramienta clave para la mitigación de contaminantes y la protección del medio ambiente.
En materia deportiva, se reformó la Ley General de Cultura Física y Deporte para reconocer y dar certeza jurídica al deporte adaptado y al alto rendimiento paralímpico, fortaleciendo la inclusión y el respaldo institucional a las y los atletas.
Finalmente, el diputado federal José Luis Cruz Lucatero reiteró que estas reformas forman parte del compromiso de impulsar leyes que garanticen justicia, inclusión y desarrollo sostenible en beneficio de las y los mexicanos.
