Santo Tomás de los Plátanos, Estado de México. — Pedro Luis Hernández de Paz, recién nombrado presidente municipal de Santo Tomás de los Plátanos, evadió una orden de aprehensión en su contra durante el acto protocolario de su toma de protesta, según informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
El operativo para arrestar al alcalde, conocido como “Operativo Enjambre”, estaba programado para coincidir con la ceremonia en la que Hernández de Paz asumiría su cargo como presidente municipal para el periodo 2025-2027. Sin embargo, la detención fue frustrada cuando accesos clave al lugar fueron bloqueados por vehículos particulares y de servicio público, dificultando el ingreso de las autoridades.
Fuentes locales aseguran que la estrategia de obstrucción permitió que el alcalde escapara del lugar antes de que los agentes de la Fiscalía pudieran ejecutar la orden. Hernández de Paz es señalado por presuntos vínculos con la organización criminal “La Familia Michoacana”, de la que habría recibido 15 millones de pesos como financiamiento político para las elecciones de 2024.
Implicaciones familiares y huida previa
Esta no es la primera vez que un miembro de la familia Hernández evade a las autoridades. María del Rosario Matías Esquivel, ex alcaldesa del municipio y esposa del actual presidente municipal, también logró escapar del Operativo Enjambre días antes. Su paradero sigue siendo desconocido, lo que ha aumentado la incertidumbre en la comunidad.
Reacciones políticas y suplencia
El Partido de la Revolución Democrática (#PRD), bajo cuyas siglas fue electo Hernández de Paz, no ha emitido una declaración oficial sobre los hechos. Por su parte, Ismael Félix Matías Domínguez, suplente del cargo, podría ser llamado a asumir la presidencia municipal si la situación legal del alcalde no se resuelve en los próximos días.
Creciente preocupación
La noticia ha generado preocupación entre los habitantes de Santo Tomás de los Plátanos, quienes ahora enfrentan la incertidumbre sobre la estabilidad política y la gobernabilidad del municipio. Autoridades locales y estatales mantienen el caso bajo investigación, mientras la FGJEM trabaja en nuevas estrategias para capturar a los implicados.
Este caso pone de manifiesto la compleja relación entre la política y la criminalidad organizada, un problema que sigue siendo un desafío para las autoridades del Estado de México.